Treinta días después de la entrada masiva, la ciudad se encuentra atrapada entre la presión migratoria, el hartazgo ciudadano y una violencia que nadie puede justificar
Hay imágenes que deberían obligarnos a detenernos.
No para buscar culpables fáciles. No para alimentar el enfrentamiento. No para convertir un problema extraordinariamente complejo en una batalla entre buenos y malos.
Simplemente para hacernos preguntas.
Porque lo ocurrido en Ceuta durante el último mes no es un episodio más de la crónica migratoria española.
Es algo mucho más profundo.
Es una crisis que afecta a una frontera española, a la seguridad y a la convivencia de una ciudad, a la capacidad de respuesta de las instituciones y, sobre todo, a una cuestión tan elemental que quizá hemos terminado por olvidar:
¿Qué significa realmente tener una frontera?
Una frontera no es solamente una línea dibujada sobre un mapa.
Una frontera significa que existe un territorio y que existe un Estado que ejerce su soberanía sobre él. Significa que para entrar en ese territorio existen unas normas, unos procedimientos y unos controles.
Y cuando una persona cruza esa frontera sin autorización, está entrando irregularmente en territorio español.
Decirlo no convierte a nadie en xenófobo.
Decirlo no significa odiar al inmigrante.
Decirlo significa llamar a las cosas por su nombre.
TREINTA DÍAS QUE HAN CAMBIADO CEUTA
Para comprender la gravedad de lo que está sucediendo hay que detenerse, aunque sea brevemente, en lo ocurrido desde aquel 30 de julio.
30 de julio: la frontera se desborda
Miles de personas procedentes de Marruecos comenzaron a entrar masivamente en Ceuta, utilizando diferentes puntos y principalmente el entorno del espigón y el mar.
Las primeras estimaciones hablaban de alrededor de 20.000 personas, pero la magnitud de la entrada siguió creciendo durante las horas siguientes. El episodio acabó convirtiéndose en una entrada sin precedentes.
La situación provocó el cierre de la frontera, el refuerzo de los dispositivos de seguridad y la movilización de efectivos.
Pero también tuvo un coste humano terrible.
Decenas de personas murieron durante los intentos de cruzar por mar. Las cifras de fallecidos fueron aumentando conforme avanzaban las horas y los días.
31 de julio: miles regresan
Al día siguiente comenzó un fenómeno igualmente extraordinario.
Miles de las personas que habían entrado regresaron a Marruecos.
Los primeros balances oficiales hablaban de unas 50.000 entradas y de más de 48.000 retornos en apenas unas horas.
Con el paso de las semanas, Interior situaría el número total de entradas irregulares en torno a las 72.000 personas, de las cuales unas 70.000 habrían regresado posteriormente a Marruecos.
Pero aproximadamente 5.000 permanecen todavía en Ceuta.
Y ahí comenzó la segunda parte del problema.
Primeros días de agosto: la crisis llega a la ciudad
La frontera dejó de ser el único escenario.
Miles de personas permanecieron en Ceuta y comenzaron a aparecer asentamientos improvisados en diferentes zonas, incluidas playas.
La emergencia humanitaria empezó a convertirse también en un problema de convivencia, limpieza, seguridad y utilización del espacio público.
Las administraciones tuvieron que desplegar recursos extraordinarios para atender a las personas llegadas y, al mismo tiempo, intentar recuperar espacios públicos.
Primera quincena de agosto: el retorno se ralentiza
La situación inicial de retorno masivo ya había quedado atrás.
El problema pasó a ser cómo gestionar a quienes permanecían en la ciudad, determinar su situación jurídica y proceder conforme a la legislación española.
El Gobierno ha defendido desde entonces que la entrada irregular no implica derecho a permanecer en España y que se están utilizando los procedimientos legales correspondientes para el retorno de quienes no reúnen los requisitos para permanecer.
El 28 de agosto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, situó en unos 5.000 los migrantes que todavía permanecen en Ceuta y aseguró que más de un centenar de personas habían sido expulsadas por la comisión de delitos.
Segunda quincena de agosto: aumenta el malestar
Y mientras las instituciones intentaban gestionar la situación, algo empezó a cambiar en las calles.
El cansancio de una parte de la población se transformó progresivamente en indignación.
Las protestas aumentaron.
Los asentamientos continuaron generando conflictos.
Y la sensación de una parte de la sociedad ceutí de que el problema no estaba siendo resuelto comenzó a crecer.
Hasta llegar a estos últimos días.
27 de agosto: la indignación se convierte en violencia
En la playa de Benítez, un grupo de ceutíes irrumpió en los asentamientos improvisados y destruyó pertenencias y refugios, llegando a prender fuego a parte de ellos.
La Policía tuvo que intervenir.
Los incidentes se extendieron también a otras zonas y se produjeron bloqueos relacionados con el reparto de ayuda humanitaria.
28 de agosto: Ceuta al límite
Hoy, 28 de agosto, la situación continúa siendo extraordinariamente delicada.
La violencia ha obligado a las instituciones a realizar llamamientos públicos a la calma.
La Asamblea de Ceuta ha condenado por unanimidad cualquier forma de violencia.
El Gobierno central ha anunciado nuevas medidas para reforzar el control fronterizo, incluyendo drones, boyas permanentes y actuaciones sobre los espigones. También ha solicitado apoyo europeo a través de Frontex y Europol.
Al mismo tiempo, la tensión social continúa.
Y ahí es donde comienza la verdadera reflexión.
LA PREGUNTA QUE NADIE DEBERÍA TENER MIEDO DE FORMULAR
Durante estas semanas hemos escuchado muchas palabras.
Crisis migratoria.
Emergencia humanitaria.
Presión migratoria.
Avalancha.
Llegada masiva.
Pero hay una palabra que parece haberse convertido en incómoda: FRONTERA.
Porque lo sucedido el 30 y 31 de julio fue una entrada masiva e irregular en territorio español.
No una entrada de unas decenas de personas.
No un pequeño grupo que consiguió superar un control.
Decenas de miles de personas.
El propio Ministerio del Interior habla hoy de unas 72.000 entradas irregulares.
Y entonces aparece una pregunta absolutamente legítima:
¿Cómo puede producirse una entrada de semejante magnitud en territorio español?
Esta pregunta no es xenófoba.
No es racista.
No es extremista.
Es una pregunta sobre seguridad, soberanía y funcionamiento del Estado.
¿DÓNDE ESTABA EL ESTADO?
Conviene ser muy precisos aquí.
No es cierto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no actuaran.
Hubo Policía Nacional.
Hubo Guardia Civil.
Hubo Ejército.
Se cerró la frontera.
Se produjeron retornos masivos.
Y el Gobierno sostiene que la cooperación con Marruecos permitió devolver a decenas de miles de personas y evitar posteriormente nuevos intentos de entrada.
Por tanto, afirmar simplemente que «la Policía no hizo nada» sería injusto y periodísticamente incorrecto.
Pero eso no significa que no haya preguntas.
Las hay.
Y son preguntas muy serias.
¿Cómo fue posible que alrededor de 72.000 personas cruzaran irregularmente una frontera española en tan poco tiempo?
¿Qué falló?
¿La vigilancia?
¿La previsión?
¿La cooperación?
¿La capacidad material de respuesta?
¿La información disponible?
¿La coordinación entre administraciones?
El Gobierno ha defendido la actuación de sus servicios y el ministro Marlaska ha negado que existiera un fallo de inteligencia que permitiera prever la magnitud del episodio.
Pero una explicación institucional no elimina una realidad:
la frontera fue superada por una cantidad extraordinaria de personas.
Y eso merece una explicación completa.
No para buscar una cabeza de turco.
Sino para evitar que vuelva a ocurrir.
UNA FRONTERA NO ES UNA OPINIÓN
Quizá tengamos que recuperar algo tan sencillo como el significado de la palabra frontera.
Una frontera establece quién puede entrar en un territorio y bajo qué condiciones.
Eso no significa que quien llega irregularmente sea una mala persona.
Tampoco significa que no pueda necesitar protección.
Significa que la entrada debe estar sometida a unas reglas.
Y aquí debemos hacer una distinción fundamental.
Inmigración y entrada irregular no son exactamente lo mismo.
España puede y debe ser un país de acogida.
Puede recibir inmigrantes.
Puede conceder protección internacional a quien corresponda.
Puede establecer vías legales de entrada.
Puede ayudar a quien se encuentre en una situación de necesidad.
Pero todo ello debe hacerse dentro de un marco legal.
Porque si dejamos de controlar quién entra en nuestro territorio, el problema deja de ser únicamente migratorio.
Se convierte en un problema de Estado.
SE PUEDE SER SOLIDARIO Y EXIGIR CONTROL
Durante demasiado tiempo hemos permitido que el debate migratorio se convierta en una especie de elección obligatoria.
O estás a favor del inmigrante.
O estás a favor de controlar la frontera.
O eres solidario.
O eres firme.
O defiendes los derechos humanos.
O defiendes la seguridad.
Pero esa dicotomía es falsa.
Se puede hacer todo al mismo tiempo.
Se puede defender la dignidad de una persona y exigir que respete las leyes del país al que llega.
Se puede reclamar una frontera segura y rechazar el racismo.
Se puede pedir el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer y defender al mismo tiempo que ese retorno se haga respetando las garantías legales.
Se puede ayudar a quien necesita ayuda y exigir a las administraciones que no permitan que esa ayuda se convierta en una situación permanente de abandono.
No existe contradicción alguna.
LA PLAYA QUE SE LIMPIA Y VUELVE A OCUPARSE
Y llegamos a una de las imágenes más difíciles de entender de todo este episodio.
Una playa.
Un espacio público.
Trabajadores municipales realizando su trabajo.
Personas que reciben un sueldo de dinero público para limpiar, retirar residuos y recuperar el espacio para todos.
Y después, otra vez, asentamientos.
Otra vez refugios improvisados.
Otra vez residuos.
Otra vez ocupación del espacio público.
Otra vez la necesidad de intervenir.
El problema ya no es solamente migratorio.
Es también una cuestión de convivencia.
De salubridad.
De seguridad.
De respeto por el espacio público.
Y de autoridad.
Porque una sociedad empieza a tener un problema muy serio cuando los ciudadanos observan cómo se limpia un espacio por la mañana y unas horas después vuelve a estar ocupado.
Y hay algo más.
Tampoco es digno para las personas migrantes vivir de forma indefinida en esas condiciones.
Una playa no es un centro de acogida.
Un asentamiento improvisado no es una solución.
Y permitir que una persona permanezca durante semanas en esas circunstancias tampoco es una política humanitaria.
Es simplemente dejar que el problema se prolongue.
Y ENTONCES LLEGÓ LA VIOLENCIA
Pero si hay que exigir respuestas al Estado, también hay que exigir responsabilidad a los ciudadanos.
Y aquí no caben matices.
Quemar un asentamiento no es defender Ceuta.
Agredir a una persona no es defender España.
Lanzar piedras no es defender una frontera.
Bloquear la llegada de ayuda humanitaria tampoco.
Durante los últimos días hemos visto imágenes absolutamente preocupantes.
Manifestantes bloqueando vehículos que transportaban ayuda.
Enfrentamientos.
Destrozos.
Personas entrando en asentamientos improvisados.
Y finalmente incendios.
En la playa de Benítez se quemaron refugios y pertenencias de migrantes y tuvo que intervenir la Policía para impedir que los enfrentamientos fueran todavía mayores.
Hay que decirlo con claridad:
La indignación puede ser comprensible. La violencia no.
Una sociedad democrática no puede permitir que sus ciudadanos sustituyan a la Policía, a los jueces y a las instituciones.
Porque cuando alguien decide tomarse la justicia por su mano, deja de defender el Estado de derecho.
PERO CONDENAR LA VIOLENCIA NO SIGNIFICA IGNORAR EL HARTAZGO
Y aquí está quizá la parte más delicada.
Podemos condenar absolutamente los incendios y los ataques.
Debemos hacerlo.
Pero eso no significa que tengamos derecho a despreciar el sentimiento de una parte de la población ceutí.
Porque detrás de la violencia hay también una realidad que debe ser escuchada.
Hay ciudadanos que llevan semanas contemplando una situación extraordinaria.
Hay familias preocupadas.
Hay trabajadores que tienen que convivir con asentamientos.
Hay personas que sienten que los espacios públicos de su ciudad han dejado de estar bajo control.
Y hay una sensación de abandono que, si se ignora, puede terminar produciendo exactamente lo que estamos viendo.
Una olla a presión.
Y una olla a presión no se arregla diciendo que el problema no existe.
Se arregla actuando antes de que explote.
CEUTA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN TERRITORIO SIN RESPUESTA
Lo ocurrido debería servir para que todas las administraciones hagan una reflexión profunda.
Ceuta no puede ser un lugar donde el Estado actúe únicamente cuando la situación ya se ha desbordado.
No puede ser una ciudad en la que los vecinos sientan que tienen que organizarse para defender sus calles.
No puede ser una ciudad en la que los trabajadores públicos limpien una playa y, horas después, vuelva a aparecer un asentamiento.
No puede ser una ciudad en la que los migrantes vivan durante semanas en condiciones indignas.
No puede ser una ciudad en la que la Policía tenga que intervenir entre vecinos y migrantes.
Y no puede ser una ciudad en la que alguien considere legítimo prender fuego a las pertenencias de otras personas.
Eso no es una política migratoria.
Eso es una situación de desbordamiento.
LA RESPONSABILIDAD TAMBIÉN ES DE MARRUECOS
Hay además otro elemento que no debemos olvidar.
Ceuta no tiene una frontera cualquiera.
Tiene una frontera terrestre con Marruecos.
Y el control de esa frontera no depende únicamente de España.
La cooperación con Marruecos ha sido fundamental tanto para los retornos posteriores como para impedir nuevos intentos de entrada. El Gobierno español sostiene que esa cooperación continúa y que las autoridades marroquíes han impedido miles de salidas irregulares hacia España durante este año.
Pero la magnitud del episodio del 30 de julio demuestra que la cooperación fronteriza debe ser permanente.
No puede depender de que la situación se desborde.
No puede consistir únicamente en apagar el incendio después de que se haya producido.
La prevención tiene que funcionar antes.
EUROPA TAMBIÉN TIENE ALGO QUE DECIR
Y tampoco podemos olvidar que Ceuta es territorio español y, por tanto, frontera de la Unión Europea.
Lo ocurrido no afecta solamente a Ceuta.
Afecta a España.
Y afecta a Europa.
El Gobierno ha solicitado apoyo europeo para gestionar la situación, incluyendo la participación de Frontex y Europol.
La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado cuando una de sus fronteras exteriores sufre una entrada irregular de esta magnitud.
La solidaridad europea no puede limitarse a repartir recursos cuando la crisis ya ha estallado.
También debe existir una política común de protección de las fronteras.
NI ODIO NI INGENUIDAD
Quizá este sea el momento de abandonar los extremos.
No necesitamos odio.
Pero tampoco ingenuidad.
No necesitamos violencia.
Pero tampoco pasividad.
No necesitamos señalar a todos los inmigrantes por los actos de algunos.
Pero tampoco debemos ocultar los problemas que genera una entrada masiva e irregular.
No necesitamos convertir Ceuta en un campo de batalla político.
Necesitamos algo mucho más sencillo.
Que el Estado haga aquello para lo que existe un Estado.
Proteger a sus ciudadanos.
Controlar sus fronteras.
Hacer cumplir la ley.
Garantizar la dignidad de las personas.
Las cuatro cosas pueden hacerse simultáneamente.
Y las cuatro son necesarias.
LA FRONTERA IMPORTA
Quizá haya llegado el momento de recuperar una palabra que durante demasiado tiempo hemos tratado como si fuera incómoda: CONTROL.
Control fronterizo.
Control migratorio.
Control del espacio público.
Control de los asentamientos.
Control de las entradas.
Control de la seguridad.
Control no significa crueldad.
Control significa que existen unas reglas y que alguien tiene la responsabilidad de hacerlas cumplir.
Una frontera no existe para decidir quién es bueno y quién es malo.
Existe porque los Estados necesitan saber quién entra, quién sale y bajo qué condiciones.
Y si esas reglas dejan de cumplirse, el problema no afecta solamente a quienes llegan.
Afecta también a quienes ya estaban allí.
CEUTA MERECE UNA RESPUESTA
Lo sucedido durante este mes debería obligarnos a mirar más allá de las trincheras políticas.
No se trata de defender al Gobierno.
No se trata de defender a la oposición.
No se trata de defender a los inmigrantes.
No se trata de defender a los vecinos.
Se trata de defender algo mucho más importante:
el Estado de derecho.
Y el Estado de derecho tiene que funcionar para todos.
Para quien llega.
Para quien ya estaba.
Para quien necesita protección.
Para quien exige seguridad.
Para quien trabaja.
Para quien ayuda.
Y también para quien protesta.
Pero nadie puede estar por encima de la ley.
Ni quien cruza una frontera de manera irregular.
Ni quien prende fuego a un asentamiento.
Ni quien agrede.
Ni quien bloquea una ambulancia o un vehículo de ayuda.
Ni quien utiliza una situación de emergencia para alimentar el odio.
UNA ÚLTIMA PREGUNTA
El 30 de julio, decenas de miles de personas entraron irregularmente en territorio español.
Un mes después, unas 5.000 continúan en Ceuta.
Durante estas semanas hemos visto retornos, dispositivos policiales, asentamientos, limpieza de playas, ayuda humanitaria, protestas, bloqueos, enfrentamientos e incendios.
Hemos visto también a personas morir intentando llegar a España.
Y hemos visto a ciudadanos que sienten que su ciudad se les escapa de las manos.
Todo eso ha ocurrido en apenas treinta días.
Por eso quizá haya llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente quién tiene la culpa.
Hay una pregunta mucho más importante:
¿Qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir?
Porque si una frontera puede ser superada por decenas de miles de personas en cuestión de horas, algo debe cambiar.
Si miles de personas permanecen durante semanas en asentamientos improvisados, algo debe cambiar.
Si los ciudadanos terminan enfrentándose con los migrantes, algo debe cambiar.
Si los trabajadores públicos limpian una playa y poco después vuelve a llenarse de asentamientos, algo debe cambiar.
Y si algunos ciudadanos terminan prendiendo fuego a esos asentamientos, entonces sabemos que ya hemos llegado demasiado lejos.
Ceuta no necesita más odio.
No necesita más enfrentamiento.
No necesita más consignas.
Necesita que el Estado vuelva a demostrar que una frontera es una frontera.
Necesita que la ley se cumpla.
Necesita que quienes tienen derecho a permanecer puedan hacerlo con dignidad.
Necesita que quienes no tienen derecho a permanecer sean retornados conforme a la ley.
Necesita que sus ciudadanos puedan vivir tranquilos.
Y necesita, sobre todo, recuperar algo que en una democracia debería darse por sentado:
la confianza en que las instituciones tienen el control.
Porque cuando los ciudadanos dejan de confiar en que el Estado puede protegerlos, empiezan a buscar sus propias soluciones.
Y entonces es cuando una crisis migratoria puede convertirse en algo mucho peor:
una crisis de convivencia.
Y eso, quizá, sea lo que más debería preocuparnos hoy de Ceuta.
**No que exista una frontera.
Sino que alguien pueda llegar a pensar que ya no existe.**
